Para profundizar más sobre el Acuerdo de Escazú y los argumentos de Chile para no firmar, conversamos con la organización Escazú Ahora Chile
En Fiestas Patrias celebramos la «identidad nacional» que involucra aspectos sociales, culturales y territoriales. Este último aspecto, el territorial, nos identifica con la geografía de nuestro país, de norte a sur, de cordillera a mar, incluyendo toda su biodiversidad. Por ende, todos deberíamos tener el derecho de acceder a la información de los proyectos que afecten al entorno de nuestro territorio, así como participar de tales procesos y, finalmente, recurrir a la justicia en casos en que se nos vulnere el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Lo anterior es lo que persigue el Acuerdo de Escazú, del cuál el Gobierno de Chile anunció públicamente que no lo firmará, pese a que en sus inicios había asumido el liderazgo del proceso. La postura negativa del Gobierno va acompañada de argumentos superficiales que no tienen fundamento en cuanto a las bases del Acuerdo y, en cierta forma, viene a reforzar la débil y permisiva institucionalidad ambiental reflejada en el gran numero de conflictos socio-ambientales a lo largo de todo Chile, varios de ellos con claros vínculos entre políticos y empresarios.
Es preocupante el desinterés del Gobierno y el Ministerio del Medio Ambiente por mejorar su estándar medioambiental junto a un marco regulatorio que, como hemos visto, ha sido modificado para facilitar la aprobación de proyectos de gran impacto medioambiental, dejando a un lado los estudios científicos, así como la participación ciudadana.
Para profundizar más sobre el Acuerdo de Escazú y los argumentos de Chile para no firmar, conversamos con la organización Escazú Ahora Chile.
Sobre la organización, cómo nace y quienes la conforman
En marzo de este año la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en conjunto con The Access Initiative (TAI), nombraron a 5 jóvenes como Champion´s del Acuerdo de Escazú, a cargo de su difusión y promoción en América Latina y el Caribe. En abril el Champion chileno, Sebastián Benfeld, levantó una campaña juvenil junto a otros 15 jóvenes para exigir al Estado de Chile ser responsable con las generaciones presentes y futuras y garantizar sus derechos a vivir en un medioambiente sano y a tener justicia ambiental firmando el Acuerdo de Escazú. Con el tiempo la campaña ha crecido y aumentado en cuanto a visibilidad y apoyo, reuniendo hoy a más de 60 jóvenes de todo el país que piden la firma y ratificación de este acuerdo.
¿Cómo y cuándo nace el Acuerdo de Escazú y cuál fue el papel de Chile en este proceso?
En América Latina y el Caribe los conflictos sociales y ambientales están aumentando diariamente. Chile es uno de los 20 países del mundo con más conflictos socioambientales activos y quienes denuncian esta realidad son víctimas de hostigamientos, amenazas e incluso asesinatos. Ante este panorama, líderes sociales y políticos de la región se reunieron, tras la Conferencia para el desarrollo Sostenible Rio + 20, entre 2012 y 2018 para buscar soluciones concretas a esta realidad. Tras nueve negociaciones lideradas por Chile y Costa Rica en su calidad de copresidentes, los países adoptaron el primer acuerdo ambiental de Latinoamérica y el Caribe: el Acuerdo de Escazú bajo la secretaría de CEPAL.
En palabras simples, ¿Cómo definirías la esencia del acuerdo de Escazú?
Escazú es una herramienta de protección a los vulnerados, promoviendo el real cambio y asegurando a diario su calidad de vida. Es un acuerdo que viene a profundizar la democracia, a combatir la desigualdad, a enfrentar los desafíos ambientales con enfoque de Derechos Humanos, proteger a las personas que defienden el medioambiente y es un piso mínimo para tomar buenas decisiones en materia ambiental para alcanzar un desarrollo sostenible. El Acuerdo nos dice que tenemos el derecho humano a participar informadamente en las decisiones de tipo ambiental, porque el medioambiente es nuestro bien común a través de procesos justos, abiertos y transparentes.
Sobre los 2 argumentos del Gobierno de Chile para no firmar el acuerdo:
1) Los lineamientos del convenio ya estarían incorporados en la legislación ambiental chilena. “No agrega nada”, señaló el Presidente Piñera en septiembre del 2019.
Si bien Chile cuenta con importantes avances en materia medioambiental, el Acuerdo de Escazú, busca la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información, la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales. Apunta a más allá de la normativa vigente avanzando en una completa aplicación y gestión de los derechos de Acceso (Información, Participación y Justicia). Se centra en ¿Cómo tomar mejores decisiones ambientales? pudiendo aplicarse en distintos niveles, ya sea para evitar que pongan un relleno sanitario al lado de mi casa o una nuevas zonas de sacrificio ambiental.
2) Amenaza a la soberanía nacional. Por ejemplo, caso Bolivia
El Acuerdo de Escazú, no tiene implicancias ni alcances en términos de soberanía. Los artículos que se le han criticado (sobre Cooperación) al acuerdo son idénticos a los artículos que se encuentran en otros 12 tratados internacionales ya firmados y ratificados por Chile, incluida la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que permitió que Chile fuese presidencia de la 25° Conferencia de las Partes (COP 25) y el Convenio de Minamata sobre el Mercurio ratificado a fines de agosto 2018, durante el actual mandato del Presidente Piñera. Con todo, en el Artículo 3, Letra i del acuerdo, se reconoce el “principio de soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales” como un principio rector del acuerdo en cuestión, junto con el “principio de igualdad soberana de los Estados” y el de “buena fe” (Art. 3.j y 3.d respectivamente). Cabe destacar también que este es un acuerdo que realizan los Estados con sus ciudadanos y ciudadanas más que con otro Estado.
Considerando lo anterior, ¿Por qué creen ustedes que las autoridades no quieren firmar el acuerdo?
Es una decisión política que está en manos del presidente Piñera. Su no firma aumenta la desconfianza al no ser transparentes con los verdaderos argumentos de por qué no se hace. Los que han dado públicamente no se sostienen. Al parecer existen aprensiones para tener una ciudadanía más empoderada en asuntos ambientales.
¿Cuales serían los puntos esenciales para desarrollar y establecer en Chile una «justicia ambiental»?
La implementación plena y efectiva del Acuerdo de Escazú considerando sus puntos esenciales en asuntos ambientales:
1) Acceso a la Información
2) Participación Pública
3) Acceso a la Justicia
4) Proteger a Defensores de Derechos Humanos
5) Fortalecer las capacidades de la ciudadanía
6) Cooperación entre las partes interesadas
Nota por Alan Thiznau