Si algo ha quedado claro, tras estos tres meses de movilización, es que las chilenas y chilenos estamos cansados. Cansados de que la clase política siga haciendo oídos sordos a las demandas de la ciudadanía, cansados de que la salud, la educación y nuestro medio ambiente sigan siendo vistos como meros objetos de especulación, negociables y transables en un mercado de valores.
La dignidad, señores Senadores no tiene precio. Sí, a ustedes les hablo. A los que votaron en contra del proyecto de ley que intentaba consagrar el agua de nuestro país como un bien nacional de uso público en nuestra Constitución; como un recurso esencial e indispensable para el desarrollo de la vida tanto humana, como vegetal y animal. Y es que sí, estoy indignado. Aún no puedo entender cómo es posible que el recién pasado martes, 12 senadores (de UDI y RN) hayan podido votar en contra de devolverle el agua a las más de 400.000 personas que hoy dependen de camiones aljibes para poder abastecerse.
Chile es un país tremendamente desigual, no exclusivamente en cuestiones sociales, sino también en materias medioambientales, y la repartición de las aguas en nuestro país es ejemplo de ello. Hoy 69 comunas, en las que viven más de 2.600.000 habitantes, no tienen agua potable y en amplios sectores los pequeños agricultores y comunidades no cuentan con un suministro suficiente, a diferencia de las grandes empresas ligadas al agro-negocio, la industria forestal y la minería.
El pasado martes fuimos testigos de cómo los mismos de siempre continúan defendiendo un modelo que se sostiene bajo el absurdo supuesto de que es posible mantener un crecimiento económico infinito, cuando sabemos que nuestra tierra tiene recursos que son finitos, y uno de ellos (probablemente el más elemental) es el agua. El agua, señores senadores, no puede tratarse igual que a un bien privado cualquiera, como lo es un auto, una casa o una pelota de fútbol. El agua es un bien indispensable para el desarrollo de la vida.
Más aún, en plena sequía, no podemos seguir permitiendo que las grandes empresas forestales sigan derrochando la poca agua que nos queda en plantaciones tan insostenibles como la son la de pino y eucaliptus, que además de estropear nuestros suelos y de utilizar innecesariamente nuestros pocos recursos hídricos, poco y nada aportan al desarrollo sostenible de este país.
La derecha (representada por Manuel José Ossandón y Carmen Gloria Aravena) que en la votación de este proyecto en cuestión, bloqueó su tramitación con 12 votos en contra, pese a los 24 votos a favor que sí apoyaban el proyecto, se defendió diciendo que “las aguas ya estaban consagradas como bienes de uso público” y que en suma, ellos estaban “trabajando en la tramitación de una reforma al código de aguas”. Una reforma que si bien pone fin a la perpetuidad de los derechos de agua, lo hace solo para los derechos que se otorguen luego de la promulgación de la misma, tocando solamente el 10% del total de aguas en nuestro país. Una vez más nos enfrentamos al mismo debate, ¿en qué sociedad queremos vivir?¿en una dominada por el mercado, en la que hasta los bienes más elementales e imprescindibles para el desarrollo de la vida dependen de él, o en una en donde la dignidad, la salud y el bienestar de nuestra población se hallan por sobre los intereses privados y los negocios de unos pocos? Es momento de decir basta y exigir, de una vez por todas, reformas profundas antes de que sea demasiado tarde: antes de que el agua deje de correr.